Aunque la inseguridad alimentaria está presente en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), solo en América Latina y el Caribe 56 millones de personas sufrieron hambre durante el año 2021. Entre los factores que restringen el acceso a comida asequible y nutritiva son la desigualdad, las brechas de género, el cambio climático, los conflictos armados y la pandemia de COVID – 19, ya que las medidas preventivas tomadas por las instituciones gubernamentales, en muchas ocasiones se tradujeron en mayores tasas de desempleo, recortes salariales, y aumentos en los precios de los alimentos por falta de producción y distribución.
Líderes mundiales, jefes de Estado y personalidades de alto nivel han coincidido en la necesidad de establecer políticas de Estado y fomentar una mayor inversión en ciencia y tecnología aplicada a la agricultura, para mejorar la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe en medio de la actual crisis mundial. No es un secreto que La situación exige una respuesta urgente, tanto inmediata a corto plazo como estratégica a largo plazo.
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Por otra parte, incluso antes de que la guerra entre Rusia y Ucrania amenazara la seguridad alimentaria mundial al interrumpir el comercio de alimentos, combustibles y fertilizantes, los precios de los alimentos estaban aumentando a nivel mundial. Con el aumento de los precios de los alimentos, muchas familias se enfrentan a graves crisis de asequibilidad y disponibilidad. Estos desafíos son particularmente agudos en los países del Caribe, América Central y las subregiones andinas, donde las personas en situación de pobreza aumentaron de 187 millones a 201 millones en el 2021, representado un retroceso de 10 o 12 años.
Los gobiernos de toda la región deben idear una combinación apropiada de medidas urgentes para proteger a los más vulnerables de los aumentos de precios de los alimentos y acciones estratégicas para garantizar que el suministro de alimentos se fortalezca y mantenga en los próximos años. Del mismo modo es importante la formación de grupos como el que se ha creado mediante el trabajo interconectado de redes como el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación, entre otros.
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