Adriana Lucía Bonilla, de 22 años, se presenta en el centro de desarrollo infantil de la ciudadela de Sucre, Soacha, Cundinamarca, con sus dos hijos: Adrián José, de cinco meses, y su hija Ana, de cuatro años. Busca ayuda y respuestas, ya que no tiene quien cuide a sus hijos y, por lo tanto, no puede trabajar. Además, menciona que hace dos días no come.

Adriana se gana la vida vendiendo dulces, y sus hijos son parte de los más de 780 mil niños menores de cinco años que llevan tres meses sin recibir atención del ICBF. No tiene un puesto fijo de trabajo ni un carrito de dulces; recorre las calles con sus hijos y los dulces, tratando de venderlos mientras cuida de ellos.

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Vive sola en una invasión cerca de la única estación de policía del barrio, que es de estrato uno. Está desesperada porque no puede trabajar y cuidar a sus hijos al mismo tiempo. Menciona que en los buenos días puede ganar entre 15 mil y 20 mil pesos, pero desde que el jardín cerró hace tres meses, su situación ha empeorado.

La Ciudadela Sucre, Bogotá, cuenta con tres centros de desarrollo infantil, pero solo uno está operativo. Los otros dos, Los Pinos y Canadá, están cerrados, dejando a más de 300 niños sin atención desde diciembre. Estos centros, que ofrecen educación, comida y formación a niños de dos a cinco años de forma gratuita, son fundamentales para muchas familias de la zona.

La “democratización de los jardines infantiles”, una promesa de la campaña del presidente Gustavo Petro, busca impulsar la economía popular y contratar a comunidades locales para que administren y atiendan los jardines infantiles, ya que conocen las necesidades de los niños de primera mano.

En el centro de Canadá, donde trabajan 26 colaboradores, solo el personal con contrato laboral sigue trabajando, mientras que los demás llevan tres meses sin empleo. Mientras se resuelve esta situación, la alimentación de los niños no se detiene, pero muchos padres se enfrentan a dificultades para mantener sus precarios empleos.

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